Noboa hace de nuestra juventud su prioridad para asegurar sus vidas y poner fin al reclutamiento forzado.

La reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo, que propone elevar a 26 años las penas por el reclutamiento forzado de menores, constituye un hito fundamental en nuestra política de seguridad. Este proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, bajo debate en la Asamblea Nacional, trasciende la mera modificación punitiva; representa una postura ética necesaria: reconocer a nuestra niñez y juventud como víctimas directas del crim3n organizado, y no como simples infractores.

​La convergencia entre el Gobierno y los bloques legislativos para priorizar este cuerpo legal demuestra una madurez política indispensable. Al endurecer las sanciones contra quienes instrumentalizan la vulnerabilidad de los menores, el Estado asume la responsabilidad de blindar el tejido social. La reforma integral, que abarca ajustes en once cuerpos legales distintos, subraya una visión sistémica, donde la firmeza contra el accionar de bandas delictivas se equilibra con la protección absoluta de quienes representan el mañana de la nación.

​Respaldar esta propuesta es un acto de justicia histórica. Priorizar a los jóvenes no es solo un imperativo técnico-jurídico, sino el pilar sobre el cual se reconstruye la paz social.

Es momento de que la Asamblea ratifique este compromiso, enviando un mensaje contundente: en el Ecuador, la integridad de nuestra juventud es, y será siempre, una prioridad innegociable.

@ladataec

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